Las crecientes protestas públicas en Internet finalmente llevaron a Alemania a no ratificar el ACTA, un controversial acuerdo promovido por Estados Unidos y Japón que busca regular “la imposición del derecho de autor intelectual en el ámbito digital” pero que en realidad pretende establecer mecanismos de invasión de la privacidad, censura y severos castigos contra supuestos infractores.
Tal como sucedió al conocerse las nefastas consecuencias si se produjera la aplicación de la ley SOPA, los usuarios de Internet europeos alzaron sus voces frente a una posible aprobación del ACTA y varios países ya dieron marcha atrás, entre ellos Polonia, República Checa, Eslovaquia y Letonia. A esta lista se acaba de sumar Alemania, tras la decisión de su Ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, de detener la ratificación del tratado.
A petición de la ministra, que expresó “reservas” en cuanto al contenido del tratado, el ministerio de Relaciones Exteriores retiró una instrucción ya impartida para la firma del acuerdo internacional. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger reconoció ciertos reparos ante el acuerdo: “Es necesario tener todas las circunstancias sobre la mesa”. Ahora será el Parlamento europeo el que deba “ocuparse y decidir si va a haber ACTA o no”.
En medio de una creciente protesta y movilización global contra los tratados antipiratería, los gobiernos nacionales elegidos por la ciudadanía tienen la última palabra ante una revolución cultural inevitable e inminente.
