JUE, 9 / SEP / 2010
¿Se imaginan una Internet accesible, rápida y pública?
Ese es el objetivo que persigue desde hace años CePETel, el sindicato que propuso la creación de una nueva ley de Telecomunicaciones que recientemente fue tomada por el diputado Claudio Lozano para redactar un proyecto que probablemente sea discutido en el Congreso ¿será posible un servicio barato y de calidad para todos los argentinos?
Pensar estas cuestiones puede ser parecido a soñar con quimeras o imaginar luchas épicas contra dragones de fuego, pero afortunadamente no es eso lo que sienten quienes desde hace al menos seis años proyectan un país sin brechas digitales y de pleno acceso a la información. Sí, porque desde que elaboró en 2004 la primera versión del anteproyecto de ley de Telecomunicaciones, el Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CePETel) mantiene intactas sus ilusiones y la de muchas personas que en la actualidad están privadas de sus derechos.
De un tiempo a esta parte la llama se mantuvo viva y parece que ahora el fuego tomará un volumen interesante debido a la coyuntura nacional que atravesamos. Como todos ustedes saben, son tiempos inquietos para los usuarios de Internet quienes desde el inicio del Fibertelgate ven cómo sus derechos están siendo manoseados por las empresas y el Estado, y están muy lejos de saber qué cartas tomar en el asunto. Por eso, las iniciativas de este tipo, que plantean cambios estructurales, son las que más hondo pueden calar en el espíritu popular.
¿Qué propone el anteproyecto Ley Nacional de Telecomunicaciones? Según Guillermo Defays, director del Instituto Profesional de Estudios e Investigación – IPEI el anteproyecto parte de dos cuestiones básicas fundamentales: a) Considerar a la Telecomunicación como un derecho humano Integrar el poder de las Telecomunicaciones al triángulo productivo para el desarrollo de una industria y tecnología propias.
“Sobre esos principios generales elaboramos el anteproyecto que ahora está siendo convertido en proyecto de Ley por el grupo de diputados encabezado por Claudio Lozano y Pino Solanas. El texto es extenso, de tipo reglamentarista. En la actualidad se considera como servicio básico a la voz fija, y lo que planteamos es algo ampliamente superador: tanto telefonía móvil como Internet deberían ser convertidos en servicios públicos”.
¿Qué implicaría convertirlos en servicios públicos? Precios y condiciones reglamentadas y reguladas. En otras palabras, un servicio común a todos, por el mismo precio y la misma calidad y que pueda llegar a absolutamente todos los ciudadanos del país. “Nosotros entendemos que tiene que haber una autoridad de regulación que debe ser la SeCOM u otra. Entonces, una autoridad de regulación que dependa del ejecutivo y una autoridad de control que tiene que tener una clara presencia del poder legislativo y de las fuezas vivas, como entidades de defensa al consumidor, de usuarios, de trabajadores, académicos, etc.”
La otra parte del anteproyecto está anclada con lo productivo, en que el Estado recupere su papel de planificador y se establezcan políticas de acción conjuntas con los diversos agentes de la industria para aumentar la productividad en todos los ámbitos y tener el control de las tecnologías que se consideren convenientes.
– ¿Creen que podrán convertirse en servicios públicos internet y la telefonía móvil?
– Sí, pensamos que esto no es utópico, que puede concretarse
– ¿De qué depende el éxito del anteproyecto?
– Deberían confluir tres factores: a) que los legisladores puedan avanzar con las propuestas sin caer en las chicanas o las posiciones cerradas de ciertos sectores b) que los lobbys empresarios, que también se expresan en el Congreso, tengan asesoramiento técnico serio y una visión de largo plazo y c) que la sociedad civil se exprese a favor del proyecto y lo impulse públicamente
– El proyecto choca con los intereses del sector privado ¿Cómo hacer para que no existan conflictos?
– Conflictos siempre va a haber; de lo que se trata es de que todos evalúen ventajas y desventajas. No se puede seguir sosteniendo en este siglo XXI una caracterización del “servicio básico” sobre la distinción de un tipo de información -la voz- comunicada con una modalidad particular -desde un terminal fijo-. Ni las necesidades básicas de comunicación pasan por esto ni hay cuestiones técnicas o de costos que necesiten hacer esta distinción. En cambio, de lo que se trata es de definir la parte básica de los servicios fijos y móviles, de acceso a Internet, etc. y a estos darles el carácter de público. Con esto, el mercado se ampliaría notablemente y queda todo el gran espacio de negocio de los servicios suplementarios, que la innovación empresaria seguramente aprovechará. A esto nos referimos cuando decimos que los empresarios deberían realizar análisis técnico – económicos serios y de largo plazo.
– ¿Cuáles serán los beneficios concretos para los usuarios?
– Bueno, estos son bastante evidentes; se podrían resumir en los principios que resumen la prestación de los servicios públicos y que se incluyen en el proyecto de Ley: a) Universalidad, ya que se concibe a la telecomunicación como un derecho fundamental de todos los habitantes, esencial para la pertenencia plena a la comunidad y un elemento básico del derecho a la libertad de expresión y comunicación. Por lo tanto, el objetivo de la prestación del servicio universal prevalece sobre toda cuestión de eficiencia económica. b) Continuidad, dado que la prestación del servicio debe ser ininterrumpida. c) Calidad, entendiendo que la prestación del servicio debe ser plena y con niveles de calidad de comunicación y procesamiento adecuados conforme a las tecnologías disponibles. d) Obligatoriedad, definida como la admisión técnica, operativa o económica no discriminatoria del solicitante, cuya contrapartida es el derecho subjetivo a ser admitido y la prestación posterior del servicio a favor del mismo. e) Regularidad, entendida como la prestación del servicio que corresponda en las modalidades, formas y horarios que estipule la respectiva licencia o permiso.
Ahora que el anteproyecto podría discutirse en el Congreso, las esperanzas se renuevan y la posibilidad de pensar en el fin de la brecha digital en Argentina ya no sería tan soñadora como hace un tiempo. Será cuestión que todas las partes involucradas piensen en qué es lo mejor para la vida de los ciudadanos.
¿Qué opinan al respecto queridos lectores? ¿Creen qué es posible una Internet accesible, rápida, federal y pública en Argentina?
Para leer el resumen del anteproyecto, click aquí.
Para leer el anteproyecto completo en su última versión, click aquí.
Por LP.
Ese es el objetivo que persigue desde hace años CePETel, el sindicato que propuso la creación de una nueva ley de Telecomunicaciones que recientemente fue tomada por el diputado Claudio Lozano para redactar un proyecto que probablemente sea discutido en el Congreso ¿será posible un servicio barato y de calidad para todos los argentinos?
Pensar estas cuestiones puede ser parecido a soñar con quimeras o imaginar luchas épicas contra dragones de fuego, pero afortunadamente no es eso lo que sienten quienes desde hace al menos seis años proyectan un país sin brechas digitales y de pleno acceso a la información. Sí, porque desde que elaboró en 2004 la primera versión del anteproyecto de ley de Telecomunicaciones, el Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CePETel) mantiene intactas sus ilusiones y la de muchas personas que en la actualidad están privadas de sus derechos.
De un tiempo a esta parte la llama se mantuvo viva y parece que ahora el fuego tomará un volumen interesante debido a la coyuntura nacional que atravesamos. Como todos ustedes saben, son tiempos inquietos para los usuarios de Internet quienes desde el inicio del Fibertelgate ven cómo sus derechos están siendo manoseados por las empresas y el Estado, y están muy lejos de saber qué cartas tomar en el asunto. Por eso, las iniciativas de este tipo, que plantean cambios estructurales, son las que más hondo pueden calar en el espíritu popular.
¿Qué propone el anteproyecto Ley Nacional de Telecomunicaciones? Según Guillermo Defays, director del Instituto Profesional de Estudios e Investigación – IPEI el anteproyecto parte de dos cuestiones básicas fundamentales: a) Considerar a la Telecomunicación como un derecho humano Integrar el poder de las Telecomunicaciones al triángulo productivo para el desarrollo de una industria y tecnología propias.
“Sobre esos principios generales elaboramos el anteproyecto que ahora está siendo convertido en proyecto de Ley por el grupo de diputados encabezado por Claudio Lozano y Pino Solanas. El texto es extenso, de tipo reglamentarista. En la actualidad se considera como servicio básico a la voz fija, y lo que planteamos es algo ampliamente superador: tanto telefonía móvil como Internet deberían ser convertidos en servicios públicos”.
¿Qué implicaría convertirlos en servicios públicos? Precios y condiciones reglamentadas y reguladas. En otras palabras, un servicio común a todos, por el mismo precio y la misma calidad y que pueda llegar a absolutamente todos los ciudadanos del país. “Nosotros entendemos que tiene que haber una autoridad de regulación que debe ser la SeCOM u otra. Entonces, una autoridad de regulación que dependa del ejecutivo y una autoridad de control que tiene que tener una clara presencia del poder legislativo y de las fuezas vivas, como entidades de defensa al consumidor, de usuarios, de trabajadores, académicos, etc.”
La otra parte del anteproyecto está anclada con lo productivo, en que el Estado recupere su papel de planificador y se establezcan políticas de acción conjuntas con los diversos agentes de la industria para aumentar la productividad en todos los ámbitos y tener el control de las tecnologías que se consideren convenientes.
– ¿Creen que podrán convertirse en servicios públicos internet y la telefonía móvil?
– Sí, pensamos que esto no es utópico, que puede concretarse
– ¿De qué depende el éxito del anteproyecto?
– Deberían confluir tres factores: a) que los legisladores puedan avanzar con las propuestas sin caer en las chicanas o las posiciones cerradas de ciertos sectores b) que los lobbys empresarios, que también se expresan en el Congreso, tengan asesoramiento técnico serio y una visión de largo plazo y c) que la sociedad civil se exprese a favor del proyecto y lo impulse públicamente
– El proyecto choca con los intereses del sector privado ¿Cómo hacer para que no existan conflictos?
– Conflictos siempre va a haber; de lo que se trata es de que todos evalúen ventajas y desventajas. No se puede seguir sosteniendo en este siglo XXI una caracterización del “servicio básico” sobre la distinción de un tipo de información -la voz- comunicada con una modalidad particular -desde un terminal fijo-. Ni las necesidades básicas de comunicación pasan por esto ni hay cuestiones técnicas o de costos que necesiten hacer esta distinción. En cambio, de lo que se trata es de definir la parte básica de los servicios fijos y móviles, de acceso a Internet, etc. y a estos darles el carácter de público. Con esto, el mercado se ampliaría notablemente y queda todo el gran espacio de negocio de los servicios suplementarios, que la innovación empresaria seguramente aprovechará. A esto nos referimos cuando decimos que los empresarios deberían realizar análisis técnico – económicos serios y de largo plazo.
– ¿Cuáles serán los beneficios concretos para los usuarios?
– Bueno, estos son bastante evidentes; se podrían resumir en los principios que resumen la prestación de los servicios públicos y que se incluyen en el proyecto de Ley: a) Universalidad, ya que se concibe a la telecomunicación como un derecho fundamental de todos los habitantes, esencial para la pertenencia plena a la comunidad y un elemento básico del derecho a la libertad de expresión y comunicación. Por lo tanto, el objetivo de la prestación del servicio universal prevalece sobre toda cuestión de eficiencia económica. b) Continuidad, dado que la prestación del servicio debe ser ininterrumpida. c) Calidad, entendiendo que la prestación del servicio debe ser plena y con niveles de calidad de comunicación y procesamiento adecuados conforme a las tecnologías disponibles. d) Obligatoriedad, definida como la admisión técnica, operativa o económica no discriminatoria del solicitante, cuya contrapartida es el derecho subjetivo a ser admitido y la prestación posterior del servicio a favor del mismo. e) Regularidad, entendida como la prestación del servicio que corresponda en las modalidades, formas y horarios que estipule la respectiva licencia o permiso.
Ahora que el anteproyecto podría discutirse en el Congreso, las esperanzas se renuevan y la posibilidad de pensar en el fin de la brecha digital en Argentina ya no sería tan soñadora como hace un tiempo. Será cuestión que todas las partes involucradas piensen en qué es lo mejor para la vida de los ciudadanos.
¿Qué opinan al respecto queridos lectores? ¿Creen qué es posible una Internet accesible, rápida, federal y pública en Argentina?
Para leer el resumen del anteproyecto, click aquí.
Para leer el anteproyecto completo en su última versión, click aquí.
Por LP.
