El Grupo Clarín presentó un escrito en la Corte Suprema, donde alega “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia”, debido a la falta de jueces naturales en el fuero Civil y Comercial Federal que debe evaluar una extensión en el plazo de su medida cautelar que vence el próximo 7 de diciembre.
Según el documento, el grupo empresario indica que el Gobierno “está actuando con deliberada mala fe para obstruir el normal funcionamiento del fuero e impedir el acceso a la justicia” del Grupo Clarín. Además, se recuerda los intentos del Gobierno para que la causa se radique en el fuero contencioso administrativo federal, pero fue rechazado en varias instancias, incluso por la Corte.
El Grupo denuncia que en ese fuero tiene influencia el operador judicial K y miembro de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández. Este nuevo capítulo judicial se da a dos semanas del vencimiento de la medida cautelar: el 7 de diciembre o “7D”. En esta misma semana, el titular de la AFSCA, Martín Sabattella, había sido recriminado por los medios al indicar que Telefé y Canal 9 no respetarían la Ley 26.522.
Varios medios de comunicación señalaron que Telefé viola la norma en dos cuestiones básicas: primero, su capital extranjero es superior al 30 por ciento del total, pues sería propiedad de Telefónica, lo cual plantea otra limitación, pues las empresas que provean servicio de interés público (telefonía fija y móvil, además de Internet, en este caso) no podrían tener licencias de radiodifusión.
Para desmentirlo, el canal lanzó un comunicado indicando que “TELEFE y su grupo accionario están plenamente facultados para prestar los servicios de comunicación audiovisual“, y que las sociedades que conforman su voluntad social “han documentado ante las Autoridades y Organismos competentes que no poseen participación alguna, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público, nacional, provincial o municipal”.
Por su parte, Canal 9, vinculado a capitales mexicanos, también difundió un comunicado remarcando que “la participación accionaria directa y/o indirecta de extranjeros en Telearte S.A empresa de radio y televisión, no supera el 30 % del capital social y/o de los votos de la sociedad“. Y con respecto al tope de dos licencias de radiodifusión por región, resaltó que “solamente son titulares de las licencias de Canal 9 y FM Aspen 102.3, ambas de la ciudad de Buenos Aires“, por lo que “cumple en un todo lo previsto por la ley 26.522, reconociendo la plena vigencia de la misma”.
