Apple, Facebook, Google, Twitter y Microsoft han presentado un amicus en un tribunal estatal de Washington donde se oponen a la controvertida orden ejecutiva de Donald Trump sobre inmigración. Un total de 97 empresas pusieron sus nombres en el documento, que apoya al Estado de Washington en su batalla contra lo que es ampliamente considerada una persecución contra los musulmanes. Cada uno de los firmantes hadeclarado que sus “operaciones son afectadas” por la orden ejecutiva.
“La Orden representa una desviación significativa de los principios de equidad y previsibilidad que han gobernado el sistema de inmigración de los Estados Unidos por más de cincuenta años”, dice el documento. Asimismo, presentan un argumento económico, diciendo que la orden también “inflige daño significativo a los negocios, la innovación y el crecimiento de Estados Unidos”, interrumpiendo las operaciones actuales y haciendo “más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener a los mejores empleados del mundo “.
Además de los gigantes tecnológicos ya citados, la lista incluye a firmas de gran peso como Netflix, Uber, Spotify y Kickstarter. Amazon – que tiene su sede en el estado de Washington – no está en la lista, pero fue una de las primeras empresas en apoyar la demanda del Estado contra la orden de Trump. Amazon se abstuvo de unirse a la última amicus porque el fiscal general del Estado prefirió que siga siendo parte de la queja original.
Tesla es uno de los grandes ausentes de la lista. Esto se debe a que su CEO Elon Musk ya ha demostrado una inclinación a trabajar con Donald Trump en lugar de pelear contra sus políticas, claramente polémicas. Musk incluso pidió en Twitter asesoramiento sobre cómo modificar la orden de inmigración, argumentando que revocarla era imposible.
Mientras varios tribunales federales de todo Estados Unidos emitieron bloqueos temporales a la orden del presidente Trump, es el Estado de Washington quien ha montado el ataque legal más fuerte contra el fallo. Bob Ferguson, fiscal general del Estado, ha dirigido una fuerte campaña contra la orden, calificándola de “ilegal e inconstitucional”, y afirmando que tendría efectos perjudiciales para la población.
Vía: TheVerge
