El conflicto que mantiene la Corte Suprema de Brasil con la red social X ha resultado en la suspensión del medio en dicho país. El juez Alexandre Moraes, con el apoyo del resto de la institución, ha ordenado a varias empresas que bloqueen el acceso al servicio. Esto implica tanto a las tiendas de aplicaciones como los proveedores de Internet. En este último grupo queda incluido Starlink, una empresa bajo el mando de Elon Musk.
Relaciones peligrosas
Starlink no está directamente relacionada con X. Aunque es importante aclarar que los cruces entre las empresas manejadas por Elon Musk son frecuentes y en ocasiones polémicos. Muchos inversores han cuestionado si los acuerdos son verdaderamente favorables para todas las empresas involucradas.
En esta ocasión, el vínculo ha jugado en contra. Moraes ha considerado que las dos empresas trabajan juntas y que por tanto resulta lógico presionar a una para coaccionar a la otra. Por dichas razón se han congelado los activos financieros de Starlink hasta que X pague sus multias. Tampoco ayuda que Musk se haya manifestado crítico de la actual administración y elogiado al presidente anterior, Jair Bolsonaro.
Starlink da el brazo a torcer
Starlink ha accedido a las demandas de la justicia, pero apuntando su desacuerdo con la medida. En un comunicado la compañía ha señalado: “A pesar del tratamiento ilegal al congelar los activos de Starlink, hemos cumplido con la órden de bloqueo de X en Brasil. Seguimos intentando todos los recursos legales, como están haciendo otros que apuntan que las recientes órdenes de Alexandre Moraes violan la constitución brasileña”.
Starlink tiene unos 250 mil clientes en Brasil, una cifra que no puede descuidarse.
Argumentos de la Suprema Corte
La Corte Suprema apunta que X no pagó las multas que se le habían impuesto y tampoco cumplió con la exigencia de suspender una serie de cuentas. Las cuentas habían sido acusadas de dañar las instituciones democráticas del país. Entre ellas aparecía la del senador Macos do Val, que ha sido acusado de ser parte de un complot para un golpe de estado. A todo se ha sumado el no nombramiento de un representante legal, que es una exigencia para operar en el país.
