La Corte Suprema de Justicia ratificó que los administradores de Taringa! deberán afrontar un juicio oral y público en la causa por presunta “violación a la ley de propiedad intelectual, por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización“.
De este modo, el máximo tribunal –compuesto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay– rechazó el planteo de la defensa de Alberto Nakayama, uno de los imputados y administradores del sitio.
Los juristas argumentaron que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal“, dado que aún no se ha realizado aún el juicio oral. En consecuencia, no hay una sentencia sobre la que puedan pronunciarse la Cámara Federal de Casación Penal, como instancia revisora; ni la Corte Suprema.
En septiembre, el juez de primera instancia Daffis Niklison elevó a juicio oral el caso Taringa!, en el cual están imputados Nakayama y los hermanos Matías y Hernán Botbol por permitir la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación.
Esto sería una violación al artículo 72 de la ley de propiedad intelectual, que establece penas de un mes a seis años de prisión a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho habientes”.
Por su parte, Taringa! publicó un comunicado aclarando que la decisión “resuelve un recurso que había sido presentado hace aproximadamente un año y simplemente establece que no es este el momento procesal en que deba acudirse al máximo Tribunal”. Además, reiteró que “la intención de las autoridades de Taringa! que esta cuestión se defina judicialmente lo antes posible“.
Hace unos meses, Taringa! había firmado una carta de intención con la Cámara Argentina del Libro (CAL), SADAIC y otras entidades de protección a autores para evitar la publicación no autorizada de contenidos. No obstante, las organizaciones habían indicado que era una cuestión a futuro y que la cuestión legal debía seguir su curso.
Fuente: Clarín