Esta semana se dio a conocer un preacuerdo para el desarrollo del satélite Arsat 3 entre la firma estatal Arsat y la firma estadounidense Hughes Network Systems. La carta de intención difundida por algunos medios establece la creación de una nueva sociedad, llamada provisoriamente Newco, que tendrá como objetivo el desarrollo y la operación del Arsat 3.
Este preacuerdo generó diversas controversias ya que por lo menos el 51% del paquete accionario de esta nueva empresa estará en manos de Hughes, la cual podrá definir además la contratación de los gerentes y la política a llevar adelante.
Los documentos establecen que el satélite sea fabricado en las instalaciones de Invap, utilizando la misma estructura de las misiones Arsat 1 y Arsat 2. El costo solventado por la compañía argentina será de 230 millones de dólares, mientras que Hughes aportaría el segmento terreno, con el desembolso de 50 millones de dólares. La meta de Newco será ofrecer servicio de la banda Ka desde las posiciones orbitales de 81° Oeste y 72° Oeste, asignadas a Argentina, o en una nueva que sea tramitada.
Respecto a las críticas, especialistas aseguraron que el acuerdo va en contra de la ley 27.208 de desarrollo de la industria espacial, ya que todo cambio en la constitución de Arsat debe ser aprobado por el Congreso.
Tal como indica La Nación en su artículo al respecto, el artículo 8° de la citada ley establece que “el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. Además, el artículo 10° subraya que “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
La carta de intención firmada con Hughes no prevé bajo ningún motivo ni circunstancia la privatización de @ARSATSA
— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) 17 de julio de 2017
Desde Arsat aclararon que la compañía seguirá siendo propiedad del Estado Nacional y que la carta de intención firmada con Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos. En este sentido, destacaron que “la Carta de Intención es una herramienta usual en nuestra práctica, cuya finalidad es establecer una serie de lineamientos en el caso de que las partes celebren un acuerdo. Cualquier acuerdo posterior que se firme debe estar bajo el amparo y cumplimiento de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital”.
La empresa indicó además que no hay ninguna participación de Hughes ni de ningún otro operador privado en la explotación de los activos de Arsat, sean sus satélites o su red de fibra, data center o infraestructura de televisión. “Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con el impuestos de los argentinos. Por eso, Arsat-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados”, añadió.
