El diario Clarín indicó este martes que la Cancillería Argentina había solicitado al Homeland Security, un organismo creado tras el ataque a las Torres Gemelas, que coopere en la obtención de datos que permitan identificar a una serie de usuarios de Twitter que se mostraron a favor del fiscal José María Campagnoli, quien enfrenta un jury tras ser acusado de investigar al empresario Lázaro Báez sin tener “competencia”.
Según revelaron Clarín e Infobae, esto habría comenzado en enero, cuando Cristina Caamaño, sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, denunció a un grupo de personas que la hostigaba mediante la red de microblogging. Luego, el fiscal Daniel Dupuy instruyó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que “arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos” de algunos twiteros.
Los usuarios de Twitter involucrados son @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.
El caso salió a la luz luego de que los usuarios comunicaron el 16 de junio una comunicación de Twitter, donde el departamento legal de la red social les informaba sobre una solicitud de información por parte del Homeland Security. Esto sirvió para que Daniela Portino González, una abogada socia de Ignacio Irigaray, que lleva la defensa de Campanogli, se presentara ante la Embajada de EE.UU. para frenar la investigación.
El usuario @SergioFDoormann publicó este martes un scan de la solicitud del Gobierno ante la Embajada estadounidense, aunque esta institución desistió del pedido porque el Homeland Security sólo presta colaboración sobre delitos graves, como pedofilia, narcotráfico o terrorismo.
La policía de pensamiento Naz&Pop cazándonos a las brujas: pic.twitter.com/S7ZWDCiNcu
— SergioFabiánDoormann (@SergioFDoormann) julio 8, 2014
No es la primera vez que se denuncian presiones del gobierno sobre twitteros. Este martes, el usuario @Mis2Centavos se quejó irónicamente de este pedido indicando que a él, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich le aplicó una represalia “menor” y “sólo” le envió una carta documento el año pasado.
Puta madre, @jmcapitanich. Otros reciben intimaciones del Department of Homeland Security, y yo con una CD pedorra… pic.twitter.com/ePt08TmBoJ
— Javier Smaldone (@mis2centavos) julio 8, 2014
La desmentida
[Actualización: 16:42] Durante la tarde del martes, el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto desmintió lo sucedido a través de un comunicado y aseguró que todo se trata de una “campaña”.
“La Cancillería desmiente la información publicada hoy por el diario Clarín y escrita por el señor Daniel Santoro sobre un pedido de cooperación judicial para ‘investigar a tuiteros críticos’ que habría solicitado al gobierno de Estados Unidos este ministerio”, señaló el documento.
“El presente comunicado, a la vez que sirve para informar que la Cancillería no ha realizado las gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos descritas por Clarín, sirve para alertar a la población que no se deje engañar por campañas de medios y personas que invocando poseer información tienen como único objetivo engañar a sus consumidores”, aseguró el Ministerio.
