Las continuas quejas de los usuarios de telefonía móvil de Argentina, relacionadas con los problemas en la prestación de servicios por parte de las operadoras, han llevado al Gobierno a reforzar sus controles en dicha área. En este sentido, a través del decreto 681/2013 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se ha establecido que la Secretaría de Comunicaciones podrá tomar “las medidas preventivas que resulten idóneas” para prevenir el deterioro grave de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, incluidos la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas. Para tal fin se incorporó un nuevo Artículo (10bis) al reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones.
Además, la nueva normativa le da un plazo de 30 días a la Secretaría liderada por Norberto Berner para dictar, con la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), un nuevo reglamento “que establezca los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por los licenciatarios para un uso eficaz, eficiente y racional de la red y del espectro radioelétrico en atención al avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios”.
El decreto asegura que resulta de interés prioritario establecer nuevos requisitos de calidad del servicio que garanticen una eficiente prestación, exigiendo a los licenciatarios una adecuación de sus redes “de modo tal que se satisfagan tales requerimientos”. Según documentación requerida por la CNC respecto de inspecciones realizadas a las licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles, se constató que, durante el período comprendido entre febrero y abril de 2013, se incrementó la cantidad de reclamos efectuados, de los cuales se destacan los relacionados con créditos prepagos (aumento del 86%), servicios de datos (70,65%), facturación (24,72%), servicios de mensajería corta o SMS (10,16%) y acceso al servicio (6,54%).
Por su parte, el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), instancia federal de coordinación de las políticas vinculadas a temas de consumo, ha planteado en varias oportunidades su preocupación por la importante incidencia (entre un 30 y un 50 por ciento) de las denuncias que se dirigen contra operadoras en el total de reclamos realizados en el país antes los organismos competentes de la materia.
