Las computadoras portátiles (notebooks y netbooks) volverían a estar incluidas en el impuestazo tecnológico, el proyecto de reforma impositiva enviado por el Gobierno nacional al Congreso, y del cual habían sido excluidos esos equipos durante el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
La propuesta, que duplica el IVA celulares, portátiles, monitores y cámaras digitales, entre otros equipos, se encuentra en el Senado, donde hace unos días se desató un escándalo al descubrirse que los cambios impulsados por el diputado kirchnerista Gustavo Marconato favorecían a una empresa fabricante de equipos de acondicionamiento de aire.
El proyecto de ley, que grava los productos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego, retornó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, donde aprobarían la iniciativa original que incluía a las computadoras portátiles, informó el portal de noticias iProfesional.
Según informaron voceros legislativos, la intención del oficialismo es volver al proyecto original que partió del Poder Ejecutivo, que incluía las notebooks y las netbooks. Si al final se cumplen estas metas, la reforma impositiva deberá volver a la Cámara de Diputados.
El titular del bloque de senadores oficialistas Miguel Angel Pichetto reconoció que fue la propia presidenta Cristina Kirchner quien le expresó que “había que rechazar esa modificación” sobre los equipos de aire acondicionado.
Pichetto pidió que el tema sea analizado en la comisión y reclamó una nueva convocatoria a funcionarios de la Secretaría de Industria y del Ministerio de la Producción para que expliquen la iniciativa.
Marconato había logrado cambiar el texto de 6.000 frigorías a 6 toneladas en los equipos de acondicionamiento de aire. El diputado alegó que el pedido provenía del Ministerio de la Producción, pero la cartera de Débora Giorgi aseguró no lo había solicitado.
Camoca, la cámara que agrupa a fabricantes nacionales de informática, advirtió que si las notebooks vuelven a estar alcanzadas por la reforma impositiva, será el “certificado de defunción” de una industria que “en la actualidad tiene presencia efectiva en 21 provincias del país y genera 6.800 puestos de trabajo directo”.
La entidad señaló que “el proyecto en su redacción original genera una suba de impuestos que definitivamente se va a trasladar a precio, perjudicando a los usuarios de menores ingresos”.
“Como ya se está demostrando en la actualidad, la producción de Tierra del Fuego no sólo no va a poder abastecer el mercado local sino que el precio de los productos va a ser fijado por los propios empresarios“.
