Este martes pasado el gobierno argentino utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia para eliminar el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 de 2020. El edicto eliminado había establecido que los servicios de televisión paga, telefonía móvil e Internet debían ser considerados como públicos y esenciales. En ese momento el objetivo principal había sido otorgarle a las autoridades la posibilidad de controlar los precios.
Un límite que nunca funcionó
La medida provocó el rechazo de las empresas del sector, grandes y pequeñas. También supuso una gran cantidad de presentaciones judiciales que le permitieron a muchos de los prestadores aumentar los precios de todas maneras.
Los tiras y aflojes entre las empresas y el ENACOM, el organismo que había quedado a cargo de regular los precios, no parecen haber llegado a ninguna conclusión definitiva. En general la gran mayoría de los usuarios tuvo que soportar los aumentos de precios.
El impacto
Uno de los problemas que tuvo el decreto 690 es que no hacía mucha distinción entre grandes y pequeñas operadoras. Agrupaciones tales como la Cámara Argentina de Telefonía IP y Comunicaciones Convergentes apuntaron que las grandes compañías podrían absorber el impacto de las restricciones en los precios con mayor facilidad, pero las PyMEs lo sufrirían mucho más.
Una cuestión de costos
El 690 también le había permitido al gobierno establecer el PBUO (plan de Prestación Básica Universal Obligatoria para todos los servicios contemplados en el decreto.
La PBUO ya está en vigencia, pero las empresas de Internet apuntan que podría fundirlas
La idea de establecer un plan económico de alcance nacional no es mal de por sí. Sin embargo, los precios habían sido impuestos sin consultar a las empresas y en muchos casos las prestadoras quedaban trabajando a pérdida. Por lógica el perjuicio era mayor para aquellas que trabajaban brindando servicios en regiones con menores ingresos. La medida fue rechazada por la Cámara Argentina de Proveedores de Internet. No había apoyo económico gubernamental y en algunos casos el gobierno, a través de ARSAT, actuaba como proveedor a un costo mayor del que se imponía para el producto final.
En el nuevo decreto se señala que los servicios fueron creados en competencia y que es esencial para el desarrollo y crecimiento que los licenciatarios puedan fijar los precios libremente.
No mucho ha cambiado
Como hemos señalado, las grandes prestadoras consiguieron fallos judiciales que les permitieron aumentar los precios. En la práctica la situación para los usuarios no ha cambiado. Es posible que algunas empresas más pequeñas pueden manejarse con más tranquilidad.
Los problemas del 690 no suponen necesariamente que la actividad no deba tener cierta regulación. Pero muy probablemente, de ser necesaria, esta debería considerar bien la realidad tanto de los usuarios como de las prestadoras, y ser fruto de cierta negociación.
