Hoy 1° de marzo entra en vigor la cuestionada ley Sinde-Wert en España, también conocida como Reglamento de la Ley de Economía Sostenible.
La ley tiene como objetivo analizar por secciones administrativas, en base a las denuncias presentadas por los particulares, los contenidos de las páginas web que presuntamente infringen la propiedad intelectual de titulares y creadores.
Los procesos podrán no solo dar de baja contenidos, sino además pedir el cierre o el bloqueo de páginas que no están dentro de las fronteras de España.
La primera denuncia
A primera hora del día de hoy – jueves 1- se presento la denuncia ante la Sección Segunda, pero tiene una curiosa particularidad: Los miembros de cientos de paginas se han autoinculpado de compartir obras, recibieron para esta acción la ayuda de un músico Eme Navarro.
La curiosa medida puede seguirse a través del sitio hacktivistas.net y se cuenta – y se muestra- como han realizado la primera autodenuncia en una acción de lo que ellos denominan “iniciativa de desobediencia civil electrónica” en reclamo a la legalidad de los poderes que se le otorga a la autoridad administrativa.
La seguridad jurídica es uno de los factores argumentados en el comunicado lanzado por Hacktivistas “El objetivo es poner a prueba esta ley y estrenarla nosotros mismos para demostrar el despropósito y la censura que nos traerá”.
Las Secciones ya están conformadas
En el día de ayer se conoció por el Boletín Oficial español los nombramientos de los tres titulares y sus respectivos suplentes – dos para cada titular- para la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
En tanto en el día de hoy también se conoció la composición de la Sección Segunda – la más cuestionada – que tendrá entre sus funciones resolver de manera administrativa con intervención judicial en dos etapas en la primera para identificar al infractor y para pedir quitar contenidos, el cierre o bloqueo de la pagina web.
El sistema prevé la notificación a los infractores en los casos donde ser observe y se concluya que existen violaciones a los derechos de propiedad intelectual y la aceleración del proceso en casos de reincidencia. La medida es complementaria a los procesos civiles y penales existentes.
Las dudas se mantienen sobre la aplicación de la Ley apuntan a cual será el comportamiento de los proveedores de acceso a internet, las paginas que ofrecen enlaces y las paginas ubicadas fuera de España ante el proceso administrativo.
La Sección Segunda estará presidida por María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro.
En declaraciones se afirma que “La Comisión en ningún caso impondrá sanciones ni multas a los vulneradores de la ley ni emprenderá acciones civiles o penales contra los infractores”. El procedimiento para el cierre de una página tendrá entre veinte días y un máximo de tres meses.
El Ministerio de Educación y Cultura ha puesto en línea la Sede Electrónica como lugar de acceso a las denuncias para personas jurídicas o grupo de personas que quieran realizar un pedido sobre sus derechos de propiedad intelectual vulnerados.
El futuro de internet
En el día de ayer, previo a la entrada en vigencia de la ley, se multiplicaron los enfrentamientos en los diferentes foros y en las redes sociales sobre el futuro de la red, la vigencia de los derechos de propiedad intelectual y los modelos de negocios en riesgo.
La libertad de expresión según afirman de un sector estará en peligro gracias al procedimiento administrativo, en tanto los defensores de la ley argumentan que la ley antidescargas no será suficiente y que los procedimientos serán largos.
Otro de los fuertes cuestionamientos que tiene la Ley es la conformación de las Secciones, dado que los nombrados son especiales interesados en los procesos, lo que afectaría la necesaria imparcialidad.
Para la vigencia y efectivo cumplimiento se debe analizar asimismo los planteos y ultimas resoluciones judiciales como la de Cinetube y además los planteos de constitucionalidad de la norma en el Tribunal Constitucional.
Como se puede observar será un procedimiento complejo y las decisiones que se emitan estarán observadas por todos los sectores involucrados. Los procesos comunitarios también influirán en estas decisiones ya que sigue en tratamiento – elevado al Tribunal de Justicia de la UE- el Acuerdo Comercial Anti Falsificación o mas conocido como ACTA.
La pregunta más importante y más esperada será ¿Qué decisión se tomará en la primera denuncia?
Guillermo Navarro @guillenavarro
Abogado, Especialista en Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual
