Una nueva legislación impulsada por la administración de Barack Obama busca poner fin a la recolección de metadatos de llamadas telefónicas. En la práctica esto supondrá que los registros permanecerán en manos de las compañías proveedoras. La NSA todavía será capaz de obtener registros específicos a través de un permiso otorgado por un juez con un nuevo tipo de orden judicial.
Por otro lado, la legislación supone que el gobierno puede investigar llamadas telefónicas a dos pasos de distancia de un número asociado con un grupo terrorista. Anteriormente la distancia era de 3 pasos. La Corte de Inteligencia y vigilancia exterior será la encargada de supervisar el programa y aprobar las acciones.
Sin renunciar a la capacidad de investigar o espiar las comunicaciones el gobierno estadounidense parece querer poner límites un poco más racionales a la acción de sus organismos de inteligencia. Las revelaciones de Edward Snowden sobre la gran cantidad de datos recogidos por la NSA han impactado negativamente en la opinión pública local e internacional.
En enero de 2014 Obama había prometido implementar cambios al modo en que se recogían los datos. Uno de los puntos cruciales era que la NSA no tendría los registros. En febrero el gobierno le consultó a las empresas proveedoras de servicios si era posible que ellas fueran una alternativa al mantenimiento de los registros por parte del gobierno. En el nuevo escenario los datos se mantendrán durante 18 meses, un periodo de tiempo que la industria puede manejar y es mucho menor a los 5 años que implementaba la NSA.
Además de esta nueva ley, existe otra propuesta que está siendo considerada por el Congreso. La idea es que la corte autorice los programas, pero le deja a la NSA establecer requerimientos para registros específicos sin la necesidad de aprobación de la corte. Esta sería la mayor diferencia respecto a la propuesta del ejecutivo.
Fuentes: Infoworld, Computerworld, WashingtonPost
