El Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más conocido como “Ley Corta”, el proyecto, que tiene como fin que las telefónicas puedan brindar servicios de TV satelital, fue aprobado por 46 votos a favor y 11 en contra.
Presentada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, la Ley Corta buscaba originalmente que las telcos sumarán servicios de televisión a partir de enero de 2019. En cambio, con las modificaciones introducidas por los legisladores, esta posibilidad se postergó hasta julio de 2020 en grandes ciudades y hasta 2022 en localidades más chicas.
Por ahora, lo que tendrá efecto inmediato en caso de que el proyecto se convierta en ley es la modificación en la ley de Desarrollo de la Industria Satelital que le daba a Arsat bandas de frecuencia de espectro con carácter preferencial. Estas podrán pasar a manos de privados, junto a la compartición de infraestructura pasiva para acelerar el despliegue de redes.
Tal como destaca Pagina 12, desde el 1 de enero de este año las telcos pueden ofrecer servicios de TV en todas las localidades del país, excepto aquellas de menos de 80 mil habitantes o en distritos donde el servicio es prestado únicamente por cooperativas o pymes; allí deberán esperar al menos hasta enero de 2019. El decreto 1340/16 preveía que la competencia comenzaría en enero inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Rosario; esto fue ampliado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de la resolución 5641/17 publicada el 22 de diciembre en el boletín oficial luego de aprobar la fusión entre Telecom y Cablevisión.
La competencia, sin embargo, sigue siendo limitada, ya que Telefónica y Claro no tienen una red de fibra óptica que les permita competir de igual a igual con Cablevisión; para ello, pidieron que se las habilite para ofrecer TV satelital, que estaba prohibido por el DNU 267/2015. En un principio el gobierno barajó la idea de habilitarlas a través de un DNU, pero luego se decidió por el proyecto de ley presentado por Ibarra.
