Clarín y el Grupo Uno anunciaron que cuestionarán judicialmente la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada el sábado “para hacer valer sus derechos”.
“El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto“, afirmó el director de Relaciones Externas de Clarín, Jorge Rendo, según la agencia de noticias AFP.
A su vez, el empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno, dijo que se presentará ante la justicia “para impedir que se aplique (la ley), porque tiene varios artículos inconstitucionales“.
“¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?”, preguntó en forma retórica Vila, en alusión al artículo de la ley que pone límites a la concentración de licencias y señales. “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente“, respondió.
La nueva norma fue promulgada el sábado, después de haberse promovido en medio de un debate que excedió el ámbito legislativo, con el fin de limitar la concentración de medios audiovisuales y definir la información como un derecho de la población en lugar de un bien al servicio del gobierno, como rezaba la antigua ley 22.285 bajo la Doctrina de Seguridad Nacional.
La ley, resistida por parte del arco opositor y apoyada por algunas universidades y organizaciones sociales, previene la formación de monopolios en los medios al limitar la cantidad de licencias de radio o de televisión que puede reunir una misma empresa y favorece la difusión de pautas mínimas de producción nacional tanto en programas de radio y televisión como en emisión de música.
Con respecto a las acusaciones de Jorge rendo y Daniel Vila, Luis Lázaro, coordinador general del Comfer y uno de los redactores del texto de la ley, negó categóricamente que haya argumentos válidos para sostener la inconstitucionalidad de la norma.
“El propósito de la ley es proteger el derecho a la información de la sociedad, que está por encima de cualquier negocio en particular. Este es el principio en el cual se basa esta ley, y figura en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional”, señaló Lázaro.
