El pasado viernes, la Cámara de Diputados mexicana aprobó, con 393 votos a favor, 58 en contra y cero abstenciones, el dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Esta iniciativa, que busca reformar los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, pasará ahora al Senado de la República para su revisión y su promulgación final, en vistas de limitar los monopolios mediáticos y ampliar la competencia en el sector.
Entre los cambios propuestos, se destacan los impulsados para el Artículo 6 de la Constitución, donde se estipula que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.
Asimismo, el documento elevado al Senado contempla la desagregación de la red nacional de los operadores preponderantes en telefonía, televisión e Internet. En este sentido, uno de los más afectados por el proyecto sería Carlos Slim, actualmente el hombre más rico del mundo, ya que su firma Telmex debería compartir su red con otras empresas. Vale aclarar que la ex compañía estatal tiene el monopolio del mercado de telefonía fija, y junto a América Móvil, líder del mercado latinoamericano de telefonía móvil, conforma el principal bastión económico del todopoderoso empresario mexicano.
La nueva reglamentación en torno a la televisión también fue objeto de debates. Uno de los puntos más discutidos fue el octavo transitorio del artículo 94 constitucional, donde finalmente se ha establecido que todos los canales nacionales que cubran más del 50 por ciento del territorio nacional tendrán que ser transmitidos por televisión satelital de manera gratuita. Televisa y Televisión Azteca, dos de las más grandes cadenas de México, entrarían dentro de esta normativa.
El proyecto sostiene que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y el Estado debe garantizar que éstos (incluida la transmisión de datos por Internet) sean prestados en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”.
Por último, la reforma propone la creación del Instituto federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la posibilidad de que este órgano actúe como regulador, dividiendo activos de aquellas empresas que sean consideradas sospechosas de ejercer prácticas monopólicas. Además, licitará dos nuevas cadenas de televisión, se hará cargo de las concesiones para explotar el espectro radioeléctrico y se encargará de limitar los porcentajes que controlan los concesionarios en cada rubro para generar más competencia.
Fuentes: ABC.es, Univision.com
