En general es fácil ser generoso con el dinero de los demás. Esta parece ser en parte la causa del conflicto que ha surgido entre el gobierno nacional argentino y las empresas suministradoras de servicios telefónicos y de Internet.
Hace un tiempo les contamos sobre el sistema de Prestación Básica Universal y Obligatoria lanzada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690.
La idea de un servicio básico al que puedan acceder las personas de menos recursos no es mala, de hecho parece bastante lógica. El problema para muchas empresas es que no fueron consultadas y los precios a los que se les exige brindar los servicios están por debajo de los costos.
Además, en general, los aumentos de precio en todos los servicios están controlados por el ENACOM. Aunque no hay nada simpático en un servicio más caro, la realidad de una compañía grande a una prestadora pequeña es muy diferente.
La PBUO ya está en vigencia, pero las empresas de Internet apuntan que podría fundirlas
Rechazos
Hace poco la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar presentada por Telecom en contra del decreto 690. Lo dicho supone que esta compañía queda por fuera del regimen de autorizaciones para los precios del ENACOM.
Unas pocas horas después Telecentro y DirecTV obtuvieron una cautelar que los liberó de las restricciones del mismo decreto.
El ENACOM señaló que seguirá el mismo curso de acción que en el caso de Telecom, lo que supone pasar por la sala 2.
En Córdoba se ha otorgado una cautelar a la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que agrupa a unos 500 operadores.
CATIP y las PYMES
Francisco Cecchini, presidente de la Cámara Argentina de Telefonía IP y Comunicaciones Convergentes (CATIP), se ha comunicado en varias ocasiones con ENACOM para manifestar su preocupación. Las entidades del sector todavía no han sido recibidas por las autoridades.
CATIP ha advertido que las nuevas exigencias impactan de manera particularmente fuerte en las PYMES, mientras que las grandes empresas pueden absorber el esfuerzo con mayor facilidad.
La organización entiende que el decreto impone exigencias de forma indiscriminada. También reclama que en su lugar se reglamente y aplique de forma definitiva y sin los arreglos posteriores la Ley Argentina Digital N° 27078, que data de 2014. Esta ley se enfocaba en controlar a las empresas que dominan la industria y según CATIP le ha permitido a muchas otras empresas del sector prosperar y modernizarse.
