JUE, 18 / NOV / 2010
Sellan tratado internacional contra la piratería
Estados Unidos, la Unión Europea, México y Japón llegaron a un acuerdo que permitió redactar el texto final del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) contra la piratería.
La intención del documento es luchar contra la piratería a nivel mundial, por lo que son varios países además de los mencionados los que se sumaron al acuerdo para hacer presión sobre el resto.
Algunos de ellos son Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, y Suiza.
En ese sentido, quienes redactaron el texto pretenden establecer un marco legal que, si bien no puede ser impuesto a cada Estado, sí pueda servir como referencia por lo que constituirá una forma de presión a la hora de dictar leyes sobre la relación de Internet con la propiedad intelectual.
No obstante, a partir de este acuerdo son las autoridades de cada país las que tienen en sus manos decidir si aprueban o no su contenido.
El texto final muestra una postura rígida, de defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual y habla de adoptar medidas “justas y equitativas” para todos los participantes de estos derechos, pero apuesta por un “endurecimiento de los procedimientos legales” para garantizar su cumplimiento.
Estados Unidos, la Unión Europea, México y Japón llegaron a un acuerdo que permitió redactar el texto final del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) contra la piratería.
La intención del documento es luchar contra la piratería a nivel mundial, por lo que son varios países además de los mencionados los que se sumaron al acuerdo para hacer presión sobre el resto.
Algunos de ellos son Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, y Suiza.
En ese sentido, quienes redactaron el texto pretenden establecer un marco legal que, si bien no puede ser impuesto a cada Estado, sí pueda servir como referencia por lo que constituirá una forma de presión a la hora de dictar leyes sobre la relación de Internet con la propiedad intelectual.
No obstante, a partir de este acuerdo son las autoridades de cada país las que tienen en sus manos decidir si aprueban o no su contenido.
El texto final muestra una postura rígida, de defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual y habla de adoptar medidas “justas y equitativas” para todos los participantes de estos derechos, pero apuesta por un “endurecimiento de los procedimientos legales” para garantizar su cumplimiento.
