Singapur fue uno de los primeros países en implementar un sistema de rastreo de contactos para controlar los brotes de COVID-19. Unos 4,2 millones de personas han descargado la aplicación TraceTogether, lo que supone el 78% de la población.
En septiembre el porcentaje era del 40%. Una de las razones para el aumento en los últimos meses ha sido el anuncio del gobierno de que el sistema sería de uso obligatorio para quienes quieran participar de eventos públicos.
La medida entraría en vigor a principios de 2021 en cuanto el gobierno tenga la capacidad de distribuir los dispositivos de localización a todo aquel que lo necesite. Cabe recordar que Singapur utiliza unos medallones que a menudo se usan como colgantes.
Al alcance de la policía
Y hasta aqui todo es razonable. El gobierno a menudo ha asegurado que los datos nunca se usarán para otra cosa que el seguimiento de la enfemedad. Los datos personales también sería reemplazados con códigos.
Lamentablemente recientemente las autoridades han confirmado que la policía podrá accede a la información para realizar investigaciones criminales.
El ministro de Asuntos Internos, Desmond Tan, explicó que no se impedía el uso de ningún dato de TraceTogether cuando la seguridad de un ciudadano podía ser afectada.
Luego de que se realizara esta declaración la descripción de la aplicación ha sido actualizada para dar cuenta de esta realidad.
El problema
Para una gran cantidad de la población el detalle mencionado es anecdótico.
Pero aún cuando dejemos de lado cualquier nivel de desconfianza hacia la policía, el hecho es que los datos que registran la vida diaria de los usuarios de la aplicación, que se prometieron iban a permanecer privados, no lo son.
La obligatoriedad de uso del sistema de rastreo, lógica dadas las circunstancias, es difícil de sostener cuando la privacidad no es segura.
