El anuncio de que quienes tuvieran la tarjeta SUBE estarían a cubierto de un inminente aumento de la tarifa del transporte público, provocó un aluvión de solicitudes y con él, la noticia de que los datos personales de los usuarios volcados en el formulario de solicitud resultaban de fácil acceso a través de internet.
Antes de abordar la cuestión de la seguridad de esos datos, no se puede dejar de señalar que la paulatina eliminación del pago en dinero en el momento de abordar un medio de transporte, y su remplazo por un medio electrónico, constituye sin duda un avance en nuestra manera de viajar en transportes públicos. En primer lugar, soluciona problemas domésticos importantes, como la necesidad de contar con cambio, con monedas, permite que el ascenso de los pasajeros sea mucho más ágil, y además, cuestión que me parece muy importante, puede contribuir a solucionar graves problemas de seguridad de los choferes, tanto durante la noche como al llegar a cabeceras de línea alejadas, donde son atacados y muchas veces lesionados. Cuando se generalice el pago electrónico del boleto se desalentarán estos robos ante la seguridad de que no encontrarán dinero en efectivo aunque ataquen al chofer.
En cuanto a los datos que se requieren para obtenerla pueden considerarse más o menos los corrientes para este tipo de trámite. La cuestión central aquí será mejorar los sistemas de seguridad de acceso al sitio donde se almacenan. Si yo me encuentro en la calle una tarjeta de crédito y entro a la página web del administrador de la tarjeta y pongo el número no obtengo ningún dato, se requiere conocer ciertas claves de acceso. Con la tarjeta SUBE debería ocurrir lo mismo.
No obstante, considero que en torno a esta cuestión se ha generado una especie de paranoia. Desde luego que no debemos soslayar laimportancia del riesgo de manipulación de los datos personales de los usuarios, pero no creo que a través de SUBE se esté generando una especie de Gran Hermano para controlar a la población. Desde la Secretaría de Transporte se explicó que conocer los movimientos de los usuarios, sumado a cruzarlos con otros datos que el Estado tiene de los ciudadanos (AFIP, niveles de remuneración, planes sociales otorgados, por ejemplo) servirá para juzgar, en una segunda etapa, la pertinencia o no del subsidio. Es claro que no podemos imaginar que todo el que tenga la tarjeta SUBE estará subsidiado, a ello se le deberá sumar el requisito clave de necesitar realmente el subsidio.
Una cuestión central en estas políticas de seguridad de los datos personales es que el usuario esté perfectamente notificado de que esos registros existen, es decir, de que quedarán registrados sus movimientos. Vamos a un ejemplo muy concreto, si una persona hace los mismos viajes todos los días pero una vez a la semana hace una visita cuyo conocimiento por otros le sería inconveniente, debe saber que la información se podrá recuperar, para así decidir libremente si para ese viaje paga en efectivo, camina, o toma un taxi.
Esta cuestión se emparenta con la posibilidad de utilizar la información de SUBE como prueba en un juicio. Alguien podría probar su inocencia en una acusación penal, demostrando que ese día y esa hora no estaba en tal lugar, aunque siempre se podría alegar que como coartada otra persona utilizó su tarjeta SUBE para alejar la sospecha. Con estos ejemplos quiero mostrar las posibilidades que se abren con esta información, de ahí la imperiosa necesidad de que el usuario sepa positivamente que está almacenada.
Para finalizar, una reflexión que excede la protección de los datos. No soy un especialista en políticas de subsidios, pero entiendo que la información sobre niveles de remuneración o si la persona es beneficiaria de planes sociales, por ejemplo, constituyen un indicio de la necesidad de acceder al subsidio. Además se deberían mantener, o implementar según el caso, los beneficios para estudiantes de escuelas y universidades públicas, jubilados, afiliados al PAMI, discapacitados, ex combatientes de Malvinas, y todo este tipo de situaciones en las que claramente el subsidio debería otorgarse.
Ricardo Saenz
– Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal – Miembro de la Comisión Técnica Asesora en Materia de Cibercrimen – Profesor de Derecho Penal en el Posgrado Derecho de Alta Tecnología de la UCA.
