Las restricciones que algunas redes sociales han aplicado a ciertas expresiones y usuarios son siempre discutibles y discutidas. Sin embargo algunas soluciones parecen algo más tiradas de los pelos que otras. Sobre todo cuando las categorías de análisis parecen aplicarse de una forma demasiado flexible. Este es el caso de la ley HB 20 en Texas que le permite a los usuarios de redes sociales demandar a las compañías si entienden que han sido excluidos por sus opiniones políticas.
El bloqueo
La Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones, junto al grupo NetChoice lograron que la aplicación de la ley fuera suspendida. Argumentaron que las redes tienen el derecho a moderar sus contenidos como parte del derecho a la libertad de expresión. También se apuntó que de aplicarse sería más difícil moderar el discurso del odio y las campañas de desinformación. El juez federal que escuchó el caso les dio la razón.
La apelación
Sin embargo la situación cambió al llevar el estado el problema a una corte de apelaciones. Allí los abogados del estado argumentaron que las plataformas sociales son las versiones modernas de las plazas del pueblo.
¿Suena familiar?
Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.
What should be done? https://t.co/aPS9ycji37
— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022
Lo dicho supone que pueden ser obligadas a sostener contenido que consideran cuestionable y no pueden censurar ciertos puntos de vista. La corte no solo le dio la razón al estado de Texas, sino que sostuvo que las redes sociales no deben considerarse como sitios web sino como proveedoras de Internet.
Lo curioso es que la ley solo se aplica a redes con más de 50 millones de usuarios. Leyes similares han sido bloqueadas a nivel federal dado que se considera que van en contra de la normativa que regula la actividad. Otro cuestionamiento que se ha hecho a la ley es su lenguaje es vago.
